domingo, 29 de octubre de 2017

Lo que debes saber para acogerte al nuevo bono social.






Falta de lluvia y viento, caída de la generación hidroeléctrica, pujanza de las centrales de carbón y gas (las más caras) y el  subidón de precios del pasado lunes por la aplicación de un complejo algoritmo, investigado "con atención" por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han vuelto a poner el foco en el recibo de la luz.

El episodio de esta semana puede ser un aperitivo de lo que esté por venir cuando venga el frío (y la demanda aumente), si persiste la sequía. El nuevo bono social eléctrico, que entró en vigor el pasado 8 de octubre, puede paliar el efecto de estos repuntes con un sistema de descuentos para determinados colectivos cuyas claves te resumimos.

¿Quién puede beneficiarse?

Los descuentos, que sólo se aplican a la electricidad (no al gas), se otorgan en función de la renta, tal y como se había reclamado desde distintos ámbitos (por ejemplo, el Defensor del Pueblo), aunque  se mantienen para todas las familias numerosas sin distinción de renta, un aspecto que el Gobierno ha preferido no tocar y que implica que un matrimonio de millonarios con tres hijos menores a su cargo podrá tener el bono social si lo pide.
Para el resto de hogares, los descuentos dependen del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) o, en el caso de los pensionistas, de que reciban las prestaciones mínimas o de incapacidad permanente y no tengan otros ingresos. El bono se aplica solo a primeras viviendas con una potencia contratada igual o inferior a 10 kW acogidas al PVPC (no al mercado libre). 

¿Cuál es la renta máxima para tenerlo?

El IPREM es el indicador básico para determinar los umbrales de renta de las diferentes categorías de beneficiarios y el importe de los descuentos. En caso de un hogar sin niños (con uno o dos adultos), la renta de la unidad familiar no debe superar los 11.279 euros anuales (1,5 veces el IPREM de 14 pagas). Para familias con un menor es de 2 veces el IPREM (15.039 euros anuales) y si son dos menores, 2,5 veces (18.799 euros anuales). Estos consumidores tienen la categoría de "vulnerables" y podrán acceder a un descuento del 25% en su factura.
Los umbrales de renta aumentan (se multiplican por 0,5%) en el caso de personas con discapacidad igual o superior al 33% y víctimas de violencia de género o de terrorismo).
La nueva normativa establece también la categoría de vulnerables "severos", para los que el descuento es del 40%. Sus ingresos tienen que ser menos de la mitad de los umbrales anteriores en cada una de las tipologías de hogar; y en el caso de las familias numerosas, su renta debe ser inferior a 15.039 euros.
Por último, se crea una categoría de consumidores en riesgo de exclusión social: los "vulnerables severos" que estén siendo atendidos por los servicios sociales municipales o autonómicos. Su suministro eléctrico será considerado "esencial" y no se les podrá cortar la luz. En este caso, se subvenciona el 100% del recibo con participación de las comunidades autónomas. Algunas, como Castilla-La Mancha, no están de acuerdo

¿Se subvenciona todo el consumo?

No. Si con el anterior bono social el descuento (25%) se aplicaba a todo el consumo, aquí se ponen topes anuales, correspondientes a un gasto mensual de energía básico para cada tipo de hogar. Para la OCU, "esta es una de las medidas más controvertidas, pues merma en parte la ventaja del bono social de algunos hogares, especialmente los que utilizan la electricidad como sistema de calefacción, ya que los meses de frío, la mayor parte de su consumo no podrá beneficiarse del descuento" al superar el límite mensual.
Para una unidad familiar sin hijos se fija un consumo máximo de 1.200 kWh, lo que equivale, como recuerda Facua, a "una media de sólo 100 kWh mensuales, frente los 366 kWh que consume el usuario medio en España". Para una unidad familiar con un menor se fija en 1.680 kWh; si hay dos hijos, en 2.040 kWh; y para una familia numerosa, en 3.600 kWh. Si se trata de pensionistas, se fija en 1.680 kWh.
El tope es generoso para una familia numerosa con tres menores, como señala el experto en energía y estudioso de la pobreza energética  Pedro Linares: "El consumo máximo subvencionable es curiosamente un 80% mayor al de la unidad con dos menores, que a su vez sólo ve aumentado su consumo máximo subvencionable un 20% sobre la unidad familiar con un solo menor. ¿Alguien entiende esto?"

Hasta ahora tengo el bono, ¿lo perderé?

Dependerá de si se está incluido en las nuevas categorías de beneficiarios. Hasta ahora, disfrutaban del descuento los hogares con una potencia contratada inferior a 3 kW, que ahora se quedan fuera. Si no se tiene derecho a disfrutarlo, se mantendrá el descuento durante seis meses.

¿Qué pasa con los impagos y los cortes?

Antes de iniciar el proceso de corte de suministro las eléctricas deberán reclamar los impagos de forma fehaciente con un antelación de dos meses que, en el caso de los consumidores vulnerables, deberá ser de cuatro meses. La administración podrá acceder a la información de las interrupciones de suministro previstas con el fin de identificar hogares en riesgo de exclusión social.

¿Cómo se solicita el bono y quién lo paga?

La aplicación del bono social no es automática. Hay que pedirlo por teléfono, fax, correo electrónico o postal al comercializador de referencia (COR), o en las oficinas o las webs de estas empresas (actualmente son ocho, las COR de las grandes eléctricas y otras regionales). Salvo en el caso de las familias numerosas, los consumidores con bono social deberán renovarlo cada dos años. Como el Gobierno todavía no ha desarrollado todavía la aplicación para cruzar los datos fiscales de los clientes, en las primeras semanas de implantación del nuevo sistema las eléctricas se están viendo obligadas a solicitar a los clientes sus datos de renta para comprobar si tienen derecho al bono, según Cinco Días.
La mayor parte de los descuentos corren a cargo de las comercializadoras, que, como indica Pedro Linares, "por supuesto lo trasladan a los clientes, y no a los presupuestos, que es donde debería estar". Las eléctricas, que ya han conseguido tumbar dos veces en los tribunales el mecanismo de financiación del bono, rechazan asumir ese coste: "Sigue recayendo sobre agentes privados el peso de la financiación de medidas de protección social, un aspecto que claramente entra dentro del cometido de la función pública",  señalaba estos días Pedro González, Director de Regulación y Asuntos Económicos de la patronal Unesa.

jueves, 19 de octubre de 2017

¿Qué es el cupo vasco?


El Gobierno del PP y el Ejecutivo del País Vasco han alcanzado un principio de acuerdo sobre el Cupo vasco a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 cuyas enmiendas a la totalidad se debaten este miércoles en el Congreso.

El acuerdo, para un periodo de cinco años, pasa por cerrar la cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas, una cuantía sobre la que existe desacuerdo desde 2007. Las desavenencias económicas por los importes satisfechos durante estos años alcanzan los 1.600 millones de euros, que Euskadi considera que ha pagado de más. Por eso, desde el Gobierno vasco señalan que cuando se formalice el pacto supondrá "15 años de paz fiscal" como dijo el portavoz del Gobierno vasco, Josu Ercoreka. Se refería a los 10 años transcurridos desde 2007 y los cinco siguientes de vigencia del nuevo Cupo. La cantidad que está a punto de acordarse ronda los 950 millones de euros, casi un 40% menos de lo que el Estado exigía hasta ahora.

¿Qué es el Concierto económico vasco?

El concierto económico vasco es el marco que regula las relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado Central. La Constitución Española de 1978 reconoce esta singularidad de los dos territorios forales, el Cupo vasco y el Concierto navarro. Los expertos en financiación autonómica recuerdan que es una excepción en el panorama internacional.

¿En qué consiste el Cupo?

El Cupo es la cantidad que el País Vasco tiene que pagar cada año al Estado por los servicios que este presta e su territorio por las competencias no transferidas en virtud del Concierto económico. Es decir, por las embajadas en el exterior, por los museos nacionales, la política de defensa o los intereses de la deuda, entre otros gastos. El Cupo se revisa y negocia cada cinco años, aunque desde 2007 no se ha renovado por la falta de acuerdo entre el Estado y el Ejecutivo de Euskadi.

¿Cómo funciona?

Las tres diputaciones forales vascas son las encargadas de recaudar todos los impuestos en el País Vasco. El IRPF, IVA, Sociedades, Especiales... y posteriormente reparten al Estado por los gastos acordados en el Cupo. Las diputaciones deciden cuál es el nivel de impuestos que deben pagar sus ciudadanos. El único requisito es que la presión fiscal sea similar a la del resto del Estado. En el resto de autonomías el sistema funciona al revés, es la Agencia Tributaria la que recauda y reparte en función de los criterios del sistema de financiación autonómica. Este sistema es el que actualmente está en vías de reforma.

¿De cuándo procede el Cupo?

El Concierto económico vasco procede de 1878, fue creado tras las últimas guerras carlistas. Hasta entonces, las tres diputaciones vascas eran las encargadas de recaudar los impuestos. El Estado, debilitado y necesitado de recursos tras años de guerras, acordó con estas administraciones vascas que le entregasen una parte de los impuestos que pagaba la burguesía vasca. Y entonces se crea el Cupo. Era la vía más rápida para obtener recursos en un país asolado por las sucesivas guerras. Durante la dictadura, Franco suspendió el concierto económico en Bizkaia y Gipuzkoa, porque las consideró "provincias traidoras". Ambos territorios recuperaron el estatus durante la Transición.

¿Cómo se calcula el Cupo?

Existe un principio general por el que el País Vasco debe pagar al Estado el 6,24% de la renta estatal. Este porcentaje es del 1,6% para Navarra. Y en ambos la tasa no varía desde 1982. Se trata del peso que tenía cada una de estas autonomías sobre el total del Estado en 1982. Pero ambos territorios han prosperado más que la media y sin embargo los porcentajes se mantienen inalterados desde hace 35 años. Esta tasa es una de las cuestiones que la mayoría de expertos en financiación autonómica considera que hay que actualizar porque el peso de Euskadi sobre el total nacional ha aumentado.

¿Cuánto dinero supone?

En los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados, de 2016, se calculaba que el País Vasco debía pagar al Estado 1.525 millones de euros, una cantidad similar a la que se reclama cada año desde 2007. Precisamente hace una década que Euskadi y el Estado no alcanzan un acuerdo por el Cupo. El Gobierno vasco calcula que ha pagado 1.600 millones de más y que el cupo debe rondar los 850 millones anuales, casi la mitad de lo previsto hasta ahora. El Gobierno ha fijado en los Presupuestos de 2017 una cantidad de cerca de 1.200 millones, inferior a lo que venía pagando hasta ahora el País Vasco pero superior a lo que calculan que deberían pagar.

¿Qué opinan los expertos?

La mayoría de expertos cuestionan el Cupo vasco y el Concierto navarro. Consideran que es un sistema que privilegia a Euskadi y Navarra sobre el resto de comunidades autónomas y provoca agravios en el resto de territorios. Aunque el Concierto vasco y el Convenio navarro sí aportan al fondo de solidaridad en el que participan el resto de autonomías, los expertos consideran que es insuficiente y de forma desigual al resto de territorios. Recuerdan que la capacidad fiscal de Euskadi está por encima de la media y, sin embargo, su aportación al sistema está por debajo del promedio. Cuando cuestionan el cupo, no atacan el concierto económico, que está reconocido en la Constitución, si no el método de calcularlo.